Institucionalmente, se ha logrado una consolidación en los servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones.
Pocas veces podemos decir que una acción conjunta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sector empresarial público, privado y mixto, genera excelentes beneficios para los colombianos.
En 1994 inició una revolución positiva y silenciosa en Colombia debido a la expedición de la ley 142 o Régimen de los Servicios Públicos y luego la ley 143, Ley eléctrica; posteriormente en 2009 la ley 1341 para las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- y este año la ley 1978 para la modernización de este último sector.
Los fines de esta legislación, plenamente vigente, son lograr la eficiencia y calidad en la prestación; ampliación de cobertura; participación libre y en condiciones de competencia de los prestadores de los servicios sea cual fuere su conformación; definición del rol del Estado como promulgador de política, regulador y vigilante; sostenibilidad financiera y gestión eficaz sometida a los principios, normas y procedimientos propios de las relaciones entre particulares y la solidaridad y redistribución de ingresos dentro de un concepto de progresividad.
Antes de las reformas era evidente la debilidad financiera de las entidades prestadoras, que tenían dificultades para cubrir costos de operación y mantenimiento y atender las expansiones requeridas; tener una conexión telefónica era un lujo y había que recurrir a “palanca política” para obtenerla.
Los botaderos a cielo abierto eran lo común; la continuidad del servicio de acueducto era privilegio de las principales ciudades; el cocinol era el combustible para la cocción de alimentos con colas larguísimas para llenar un bidón. Las tarifas correspondían a criterios políticos que se reflejaba en baja calidad en la prestación de los servicios y en algunos casos en su inexistencia. En consecuencia, tras la debilidad financiera de las empresas, cuantiosas cifras del presupuesto nacional se destinaban a cubrir los servicios.
Por ejemplo, la deuda sectorial eléctrica correspondía al 30% de la deuda nacional. Hoy las empresas garantizan el servicio y no se han dado apagones aún en condiciones climáticas extremas (obviamente antes había empresas modelo en su prestación, pero infortunadamente eran la excepción).
Institucionalmente, se ha logrado tener una consolidación empresarial en todos los servicios públicos domiciliarios y de comunicaciones y se cuenta con entidades especializadas para la regulación, vigilancia y control.
En la actualidad las tarifas están orientadas a costos eficientes de la prestación del servicio y los usuarios de los estratos 1, 2 (y en algunos servicios hasta el estrato 3) son objeto de subsidios. En un esquema de solidaridad y redistribución de ingresos, los estratos 5 y 6 y los no residenciales pagan una contribución adicional para cubrir parcialmente los subsidios. El déficit se solventa con recursos de los presupuestos nacional y local según el caso.
Sin duda alguna el resultado del modelo aplicado a partir de 1994, ha permitido mejorar notablemente los indicadores de cobertura y calidad. Si hacemos una comparación entre los resultados de los censos de 1993 y 2018, los datos son ampliamente halagadores. Por ejemplo, las coberturas han mejorado en todos los servicios:
· En acueducto pasó de 71% a 87%. En número de habitantes, de 23,5 millones a 41,7 millones atendidos.
· En alcantarillado, del 63% al 77% y en población atendida de 20,8 millones a casi 37 millones.
· En recolección de residuos sólidos, del 60% al 82% con un salto de 19,9 millones a casi 40 millones.
· En disposición final de los residuos, de menos del 50% a más del 90% dispuestos en sistemas adecuados de rellenos o plantas de tratamiento.
· En energía eléctrica del 75% al 97%; la población atendida pasó de 24,8 millones a 46,5 millones.
· En gas natural, de casi nada (5%) a 67% con más de 32 millones. Si se cuenta GLP se puede alcanzar una cifra de casi 42 millones de habitantes con servicio.
· En Internet no había servicio. Hoy el 53% tiene una conexión fija o móvil, con más de 26 millones de ciudadanos con conexión permanente sin contar que casi más del 80% de la población puede tener acceso de alguna manera a la red.
Hay más de 62 millones de líneas móviles, es decir 1,3 móviles por cada habitante.
Estas no son cifras menores, son incluso superiores al promedio latinoamericano.
Los retos ya no son exclusivamente brindar el servicio con calidad y eficiencia, son también cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, la apropiación digital, la transición y eficiencia energéticas, la economía circular y la seguridad hídrica.
Celebrar bodas de plata en la legislación siempre es un reto; el régimen de servicios públicos muestra con orgullo sus resultados, teniendo prestadores listos para continuar consolidando en todo el territorio nacional la paz, equidad, prosperidad, competitividad y productividad.
Para estos retos, es necesario realizar los estudios del caso para medir los impactos de nueva normativa; impedir la pérdida de seguridad jurídica y no poner en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos, elementos esenciales que soportan el gran avance presentado.
Por supuesto, hay temas que requieren ajustes por obsolescencia o por ajustes tecnológicos y normativos que se han dado en estos 25 años. No hay que abrir la caja de Pandora, proponiendo cambios que han sido intentados en anteriores oportunidades, donde han primado los intereses particulares y no el beneficio general. Una vez abierta esta caja, podremos estar expuestos a repetir los dolorosos momentos que han vivido nuestros países vecinos.
PD: yo hice parte de la elaboración de estas leyes, como congresista, y ahora es mi deber defender sus resultados como dirigente gremial, promoviendo los eventuales cambios solamente cuando exista un gran acuerdo nacional, sin caer en tentaciones populistas de cualquier extremo y así no perder lo que se ha logrado.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco
