El uso masivo de plástico ha desencadenado una problemática ambiental sin precedentes en el país y el mundo, de la que participan una multiplicidad de actores. Desde el gobierno, en la ejecución de leyes y la reglamentación del uso del plástico, hasta los ciudadanos, pues son quienes finalmente consumen los productos.
Ante este panorama, la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes y Greenpeace Colombia elaboraron el informe “Situación actual de los plásticos en el país y su impacto en el medio ambiente”, en el que se revisó la normativa del manejo de plásticos a escala nacional, se conoció la gestión pública frente a este tema y se describieron algunas de las principales problemáticas que estos desechos generan en el entorno.
Entre los hallazgos se encontró que en el país la producción de plásticos aumentó un 2,5 % en comparación con los años anteriores. Pese a que muchas empresas asumieron de manera voluntaria varios compromisos para disminuir el uso de plástico, el informe revela que en realidad ninguna compañía o multinacional se ha comprometido a reducir el volumen total o la cantidad de unidades de envases de un solo uso, ni ha invertido significativamente en sistemas de distribución reutilizables y rellenables.
Por el contrario, el consumo nacional de bolsas plásticas alcanzó el tope de 482.000 toneladas en 2017. Pese a este aumento, solo cuarenta distribuidores de estos empaques en el país presentaron su informe de rendición y cumplimiento con la ley durante el 2018, según un análisis de la Procuraduría General de la Nación. Tan solo en Bogotá existen 1.500 distribuidores de bolsas plásticas.
El documento alerta sobre la producción masiva de plástico y su posible aumento en el país, del bajo compromiso de las empresas, pero también del papel de los consumidores. “La cultura del usar y tirar está arraigada en la sociedad”, dice el informe. “Los ciudadanos como usuarios finales tienen muchas oportunidades para transformar los estilos de vida en prácticas más sostenibles”.
Aunque no se hace mención directa al plástico, las normativas legitiman su uso y limitan que las empresas puedan comercializar libremente productos si no cumplen con esas condiciones. El agravante es que la norma no permite que el material plástico desechado vuelva a entrar a la cadena de producción. Es decir, el plástico cumple su objetivo durante su primer uso, pero es incompatible con el desarrollo sostenible.
