El proyecto, que deberá surtir siete debates más en el Congreso, obliga al Estado a garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas bajo las premisas de accesibilidad, calidad y disponibilidad del agua.
En el primero de ocho debates, este martes la Comisión Primera del Senado de la República aprobó un proyecto de acto legislativo que busca que todo ser humano en Colombia tenga derecho al agua bajo condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad.
La iniciativa, que implica incluir un apartado en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, pretende fortalecer la protección del derecho al acceso al agua, ratificando que su uso prioritario es el consumo humano, “sin detrimento de su función ecológica”. Por ello, obliga al Estado a garantizar la protección y recuperación de los ecosistemas.
En el proyecto se insiste que el agua es un elemento del que deben gozar todos los seres humanos y las generaciones futuras. Como resultado de ello, agrega, el Estado está en la obligación de velar por su conservación y desarrollo sostenible y garantizar a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas.
El artículo reza: “Todo ser humano en el territorio nacional tiene derecho al agua, en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad. Su uso prioritario es el consumo humano sin detrimento de su función ecológica, para lo cual el Estado garantizará la protección y recuperación de los ecosistemas del recurso hídrico conforme al principio de progresividad”.
Según sus autores, una manera efectiva para proteger y garantizar la sostenibilidad del agua es darle categoría de derecho fundamental,“equiparándola a una norma no negociable y poniéndola por encima de los modelos económicos de mercado, los intereses particulares y haciendo énfasis en su carácter de recurso de carácter estratégico”. Lo anterior, como un elemento decisivo para el desarrollo económico, social, cultural y fundamental para la misma existencia del ser humano.
Se argumenta además que, en el orden de prioridades, en la gestión del recurso debe prevalecer su aptitud para el consumo en actividades humanas sobre su utilización para actividades económicas, y de allí la conveniencia de elevar su acceso a la condición de derecho fundamental.
“Al concretar los mecanismos de uso del recurso para la explotación de los recursos naturales, la modalidad retributiva establecida en las concesiones ha derivado en un resultado perverso, consistente en que el que contamina paga, desconociendo la obligación que tiene el Estado de garantizar la plena disponibilidad del recurso tanto para la supervivencia humana como para el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes del territorio”, se explica en el proyecto.
De acuerdo con la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), autora de la iniciativa, el Estado tendrá la obligación de velar por la conservación del agua y el desarrollo sostenible en condiciones de accesibilidad.
“Colombia es el séptimo país con mayor disponibilidad de recursos hídricos en el mundo, a pesar de los problemas actuales relacionados con el desabastecimiento de agua y la afectación de fuentes hídricas naturales. Adicionalmente, es el país con mayor superficie de páramos en el mundo,hace parte de los nueve países que concentran el 60 % del agua dulce del mundo”, dijo.
Tomado de El Espectador
