En la sabana de Bogotá el impacto sobre el recurso hídrico ha llevado a una crisis ambiental, ecológica y económico-social reconocida por el Consejo de Estado, mediante sentencia emitida en marzo de 2014, amparando, bajo una perspectiva de gestión integral, los derechos colectivos relacionados con el agua, el goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, marcando a su vez tres líneas de acción que recogen las principales tensiones e impactos dentro de esta cuenca: el mejoramiento ambiental y social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y sus afluentes; la articulación y coordinación institucional, intersectorial y económica, y la profundización de los procesos educativos y de participación ciudadana.
Entre los objetivos específicos de la sentencia se resaltan: conservar y proteger los procesos hidrológicos, los ecosistemas y la biodiversidad; mejorar la calidad del agua, mitigar y reducir la contaminación del recurso hídrico; mejorar las condiciones de saneamiento básico; implementar instrumentos de valoración del daño ambiental; promover la concertación, planeación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y estrategias de educación ambiental a nivel de la cuenca; la apertura de espacios para la reflexión crítica; la vinculación de la academia y las organizaciones no gubernamentales en los procesos educativos, y la vinculación de la población de la cuenca en general.
Paradójicamente, en lo concreto, la planta de tratamiento de lixiviados de Doña Juana no alcanza a tratar el 50 % de los líquidos producidos por la basura; llevamos años planeando la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para la ciudad, y recientemente, mediante resolución, se delimitó la ronda del río Tunjuelo (acogiendo solo criterios hidrológicos, ignorando los ecosistémicos y geomorfológicos establecidos por el Ministerio de Ambiente mediante un decreto de 2017), incrementando con ello las condiciones de amenaza por inundación para las comunidades de aguas abajo, al pasar de un caudal de 94,4 m3/s a 119,2 m3/s, producto de la eliminación de áreas de amortiguación y la canalización de parte del cauce, con el propósito de facilitar el desarrollo de proyectos urbanísticos como Lagos de Tunjuelo.
Para la ciudad y la región conviene superar la mediación judicial en la gestión de los recursos naturales, para avanzar hacia la activación de un proceso de gobernanza colaborativa, a partir de la coherencia y complementariedad entre los distintos instrumentos de ordenamiento, la transformación de las lógicas de los actores y el cumplimiento de objetivos comunes. Pero mientras persista la adopción de medidas como las descritas anteriormente y se siga percibiendo laxitud de la administración pública para favorecer intereses privados y económicos, en detrimento de los derechos colectivos y patrimoniales en torno al agua y los recursos naturales, este paso será solo una ilusión.
Resulta urgente lograr consensos en torno a un modelo de ocupación con equilibrio entre los aspectos biofísicos, económicos y funcionales del ordenamiento, específicamente sobre la estructura ecológica regional, como soporte del modelo de ordenamiento, la protección y conservación de las fuentes de abastecimiento, el mejoramiento de la calidad del agua y el tratamiento de los vertimientos, como requisito para mejorar la calidad de vida de la población ribereña y el fortalecimiento de la actividad agrícola y pecuaria en la sabana; el pago de la deuda ambiental con las poblaciones más desfavorecidas, como es el caso de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Soacha, así como el reconocimiento del agua y la cuenca como el elemento identificador que nos une, que nos hace región.
*Ingeniero. Universidad La Salle.
Tomado de El Espectador
