Tomado de Portafolio
El presidente anunció una buena noticia para el sector eléctrico y los usuarios al asumir el pago de la opción tarifaria, deuda de los colombianos a los comercializadores de energía durante la Pandemia y el pacto tarifario, que postergó el pago de las facturas de los servicios de energía y gas para aliviar el bolsillo de los usuarios.
Esto se empezó a cobrar el pasado noviembre, infortunadamente coincidiendo con la profundización del fenómeno del Niño, los impactos de la guerra en Ucrania, la no entrada de los proyectos de energía renovables y el crecimiento de la demanda por encima de lo esperado, sumado al efecto de la generación mayoritariamente con energía térmica, ideal complemento de las hidroeléctricas, lo que ha sido fundamental para evitar el apagón; todo lo anterior generó incrementos en las facturas, por lo que era necesaria una respuesta efectiva como esta para atender la situación.
Por esto, desde hace meses la insistencia del Comité Intergremial Energético de incorporar recursos frescos del Presupuesto General para disminuir el valor a pagar por parte de los usuarios, de ahí nuestro respaldo a esta decisión.
El anuncio responde a la coyuntura mientras se adelantan los estudios técnicos por parte de la CREG, para tomar decisiones estructurales que no pongan en riesgo la suficiencia financiera de los prestadores del servicio y evitar, a futuro, cortes programados o un apagón, que sería el peor escenario posible y que debemos reconocer estuvo muy cerca de ocurrir.
El aporte gubernamental será aproximadamente de $5,5 billones a nivel nacional, destinándose a la costa Caribe casi la mitad. Esto permitirá disminuir la tarifa entre 7% y 19%, un alivio efectivo y poderoso para los usuarios que aún estén pagando la opción. Gran paso en la dirección correcta.
Insistimos en agilizar los proyectos de energías renovables con sus redes de transmisión, otorgando prontamente las licencias ambientales y consultas previas pendientes y asegurar la oferta de gas para garantizar el abastecimiento de ambos servicios, que en 2026 pueden estar en riesgo nuevamente.
Recalcamos consolidar la institucionalidad técnica de la CREG, nombrando por fin en propiedad los 6 expertos comisionados con dedicación exclusiva, como lo ordenó el Consejo de Estado, para que prime lo técnico sobre lo político y poner al día muchos asuntos importantes pendientes.
Pasando el fenómeno del Niño, debemos dedicarnos a concertar la actualización sectorial, mejorar lo que se requiera, pero sin actuar de manera reactiva por presiones de coyuntura, que desafortunadamente ha sido la constante en los dos últimos años.
Reiteramos nuestra disposición para trabajar en equipo Gobierno, gremios, prestadores y usuarios para retomar la discusión sobre estudios técnicos, y desde la diferencia lograr los mejores acuerdos y resultados.
Recuperemos el tiempo perdido y no destruyamos lo que funciona y puede ser mejorado.
