Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, y así es la propuesta de separación de cobros en la factura de servicios públicos. El Gobierno está yendo en contra de sus propios propósitos, pues esto no va a impulsar la economía popular con mecanismos sencillos de inclusión financiera y de crédito.
A nivel jurídico es cuestionable excluir de la factura de servicios públicos los pagos de otros servicios que no pueden dejar de cobrarse conjuntamente, como son aseo y saneamiento, tal como lo indica la Ley 142. También se pretende quitar del recibo el valor a pagar por los préstamos que los usuarios han solicitado voluntariamente para adquirir bienes de primera necesidad o programas de mejoramiento de vivienda, entre otros, a sabiendas que pueden ser pagados independientemente a través de los canales presenciales y virtuales de los prestadores.
Otro asunto son los impuestos regionales y municipales como el de alumbrado público y de seguridad, que son obligatorios por cuenta de disposiciones locales. En la Costa representan en promedio el 30% del valor de la factura, cuyos montos hemos solicitado revisar.
En Colombia hay un segmento microempresarial y de ciudadanos de bajos ingresos que no pueden acceder con facilidad a un financiamiento formal, donde solo el 35,3% de la población tiene acceso a este tipo de créditos. Por ello, varias empresas de servicios públicos ofrecen líneas de financiación no bancaria para impulsar mejoras en los hogares y pequeños negocios, adquisición de bienes y seguros, consolidando el tejido empresarial en el país, promoviendo la formalización, la generación de empleo y la dinamización económica. Se ha demostrado que estos usuarios son cumplidos en el pago de sus obligaciones, sobre todo porque esta alternativa es una opción viable para millones de colombianos al evitarles recurrir al “gota a gota”.
Hoy, uno de cada cinco colombianos acude a ese mecanismo que deja una estela de violencia y empobrecimiento al tener que pagar tasas muy superiores a las del mercado y que superan de lejos las de usura, volviéndolas impagables. Pero las líneas de financiación de las empresas son voluntarias para los usuarios y no se ha evidenciado un beneficio de quitarlas, por el contrario, al hacerlo estaríamos condenando a este segmento de la población a recaer en las garras del “gota a gota”.
Siempre será posible mejorar los procesos que faciliten la atención y explicación adecuada para el pago de un servicio. Lo que no tiene sentido es generar un esquema ineficiente y riesgoso que en vez de generar beneficios, termine perjudicando a los usuarios más vulnerables.
Este mecanismo inclusivo y contundente para cerrar brechas sociales no podemos eliminarlo y menos sin haberlo concertado.
¡Soldado advertido no muere en guerra!
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