Llegó el momento de promover la cruzada contra el fraude y el robo.
Las historias sobre robos de servicios públicos son increíbles. La propia Superintendente de Servicios indicó que encontraron apartamentos de estrato seis con conexiones clandestinas para el aire acondicionado; en Pereira, algunas parcelaciones riegan zonas de cultivo con agua tratada, sin medición ni cobro; en Bogotá, el fraude en gas natural es también un negocio y qué no decir de la piratería de las señales codificadas de televisión por suscripción, donde cada día sorprende el ingenio para robarlas. El país ha sido permisivo con los que acuden a la perversa cultura de la ilegalidad.
Las cifras de defraudación son escandalosas: más o menos $380.000 millones en 2018. Sólo en gas natural, en Bogotá, $40.000 millones; en electricidad, en zonas rurales y comercio, $175.000 millones.
Si bien es cierto que debemos garantizar la seguridad jurídica y procesos transparentes para los buenos usuarios, hoy por hoy los grandes beneficiados son los que hacen fraude, casi hay que coger en flagrancia al responsable porque las normativas no permiten, mediante elementos probatorios seguros, demostrar que hay una conducta delictiva, más aún cuando hay que avisar anticipadamente que se van a hacer visitas para revisar los consumos y, claro, ¡soldado avisado no muere en guerra!
Hoy la normatividad y multas son un mal chiste, porque, por ejemplo, una vez comprobado el ilícito, después de un sinnúmero de procesos, solo se pueden recuperar hasta cinco meses de consumo, ni siquiera lo que robaron realmente. Además, no se puede cortar el servicio a los reincidentes quedando claro que robar paga y que esto es lo que esperamos cambiar con la ayuda de la Superservicios, la Policía, la Fiscalía, los jueces y la ciudadanía en general, a través de las nuevas normas que están por expedirse. Quedará claro que en cualquier momento se podrán usar las nuevas tecnologías y visitas para revisar consumos y -si es del caso- imponer multas fuertes para los reincidentes que en la tercera oportunidad pueden llegar a perder el servicio.
La cultura del más vivo está corrompiendo a la sociedad, se cuelan en los sistemas de transporte, las bases de datos como el Sisbén son irregulares, hay vandalismo sobre los bienes públicos y el mal sigue creciendo porque no hay implicaciones legales contundentes.
Las pérdidas por hurto superaron los $62 mil millones el año pasado, pero lo más grave es que afectan a 1,2 millones de usuarios.
Es importante crear grupos élite para perseguir estos delitos, como los hay para hurto de combustibles, informáticos y fraude financiero.
Por supuesto la ciudadanía también tiene que ser activa en la denuncia porque, al ser indolentes, nos convertimos en cómplices y tendremos que pagar en la tarifa nuestro silencio. Llegó el momento de promover la cruzada contra el fraude y el robo si queremos expandir los servicios y tener mejor cobertura, además, menos robos serán menores tarifas. ¡No se quede callado, denuncie!
Camilo Sánchez O.
Presidente Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO
Tomado de EL Portafolio
