Ingresos fiscales, no importar gasolina y sostenibilidad, aspectos cruciales en torno al debate.
Mientras el país aún no define la línea de acción en torno al fracking, Ecopetrol hizo una apuesta importante recientemente para entrar a la actividad en Estados Unidos, de la mano de Occidental.
La posibilidad de que el país pueda seguir teniendo importantes recursos para financiar diversos programas sociales con base en la renta petrolera, y asegurar el autoabastecimiento de hidrocarburos en el largo plazo para evitar una posible importación de gasolina y otros combustibles, son dos de las principales razones de fondo que citan quienes están a favor de que el país avance, de forma cautelosa –como lo señaló la Comisión de Expertos-, en la técnica de fracturamiento hidráulico horizontal de la roca generadora de hidrocarburos, conocida como fracking, para extraer el llamado petróleo y gas no convencional.
Según explica Germán Espinosa, presidente de la Cámara de Servicios Petroleros (Campetrol), dado que el paso a las energías limpias será una transición (la gran mayoría del parque automotor y los aviones utilizan combustibles o si cambo será muy progresivo), se requiere asegurar el abastecimiento de gas, gasolina y otros hidrocarburos, pues en caso de no tenerlos los consumidores tendrían que pagar al menos 30 billones de pesos al año, el valor estimado de tener que importarlos.
Recientemente, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dijo que el ingreso petrolero para la Nación (vía impuesto de renta, dividendos de Ecopetrol y regalías) ha llegado a ser de 23 billones de pesos, equivalentes a casi tres por ciento del PIB, cifras que han servido para financiar inversión pública, programas de vivienda, atención a víctimas y la lucha contra la pobreza.
Por ello, el representante de los empresarios del país consideró que la clave para resolver las dudas está en la ciencia, que dirá si al hacer fracking se afectará en forma irreparable e insostenible los acuíferos vitales para la vida o si habrá riesgo sísmico y en todos los casos, determinará las medidas de mitigación en caso de haber afectaciones.
Al respecto, tanto el Gobierno como Ecopetrol están a la espera de la decisión del Consejo de Estado sobre si mantiene las medidas cautelares contra las resoluciones que expidió el Ministerio de Minas y Energía en el 2013 y 2014, con los lineamientos técnicos para la perforación exploratoria (búsqueda de recursos), y que han sido catalogados como más exigentes que los que rigen en Estados Unidos, según Martin Rylance, experto de la británica BP para fracturamiento hidráulico.
Cuantiosos recursos
Un análisis económico de Campetrol mostró que bajo el escenario de desabastecimiento y los precios del crudo fijados en el marco fiscal de mediano plazo del 2018, el PIB real pasaría de tener un crecimiento anual promedio de 3,7 por ciento entre 2024 y 2029, a uno de 0,4 por ciento.
Es decir, que la caída implicaría una pérdida anual para la economía colombiana de 155 billones de pesos cada año, en dicho lapso.
Y advierte que las inversiones en petróleo no sedan de la noche a la mañana, pues el tiempo promedio de maduración de un proyecto puede tomar hasta 8 años.Y es que según el marco fiscal del 2019, realizado por el Ministerio de Hacienda, los 7.500 millones de barriles de potencial que tienen los yacimientos no convencionales (más de tres veces las reservas actuales del país), darían en un horizonte de 30 años un recaudo fiscal total de 323,7 billones de pesos (231,2 billones de ingresos tributarios y 92,5 billones de regalías), aportando el 31 % del recaudo fiscal total de cada año en ese período.
Deben seguirse recomendaciones
Por esto, según el documento, el fracking es una solución en el mediano plazo para garantizar la autosuficiencia energética en materia de crudo y gas en Colombia, que puede traer consigo “impactos positivos sobre la economía del país y el desarrollo sostenible de las regiones, siempre y cuando se realice de acuerdo a la normatividad vigente y se dé una ejecución responsable de la actividad, que permita anticipar y mitigar posibles externalidades negativas”.
Por ello, recalca que es importante seguir los lineamientos establecidos por la Comisión de Expertos, quienes recomendaron, primero, realizar Proyectos Pilotos de Investigación Integral (PPII) para evaluar e identificar la tecnología de mínimo impacto y riesgos asociados a la actividad.
Y segundo, exhortaron a ceñirse a los protocolos para los proyectos piloto y avanzar en la llamada la “licencia social” – aprobación ante la comunidad. En tercer lugar plantearon la necesidad de divulgar la información disponible de forma transparente en relación a los beneficios y riesgos de la actividad encontrados en el ejercicio exploratorio, pues esto fortalece la capacidad institucional, y permite un control y seguimiento efectivo de la actividad.
ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO
Tomado de El Tiempo
