Natalia Nuñez Vélez – correo@apap.commartes, 24 de noviembre de 2020
El cambio climático es uno de los principales desafíos a afrontar en los próximos años. Para cumplir con las metas trazadas en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Colombia se comprometió a realizar acciones e inversiones necesarias a fin de reducir en un 20% la emisión de gases efecto invernadero para el 2030.
En ese escenario, el rol activo del sector privado resulta esencial, pues de su gestión ambiental depende gran parte de la reacción nacional contra las amenazas del cambio climático. Esto deriva en una serie de oportunidades de cara a una nueva visión de negocio que articule el tema con la acción empresarial.
¿Cuáles son los principales instrumentos en la gestión contra el cambio climático?
Colombia cuenta con varios instrumentos relativos al cambio climático, entre los cuales se destaca la Política Nacional de Cambio Climático, que contiene las bases y pautas para incorporar su gestión en las decisiones privadas y en la articulación con las políticas y programas que se diseñen en el sector público.
Con base en la PNCC, en línea con las metas de la COP 21 y los ODS, la creación e implementación de acciones tendientes a la reducción de GEI dentro de las estrategias corporativas es una de las alternativas más urgentes y necesarias para contribuir a este propósito, especialmente en los sectores minero – energético, transporte e industrias de la construcción e infraestructura.
Así las cosas, existen varias medidas a incorporar dentro de los planes y acciones para reducir las emisiones de GEI con base en los estándares internacionales y la norma ISO 14064, que pretende limitar la emisión de gases efecto invernadero en las empresas, destacándose: la inversión, innovación y desarrollo de nuevas tecnologías con bajas emisiones de GEI; la promoción de la eficiencia energética a través de la implementación de energías renovables en reemplazo a los combustibles fósiles, regulada mediante Ley 1715 de 2014; y la participación en los mercados de bonos de carbono, consistente en la compra y venta de créditos para la emisión de GEI y certificados de reducción de emisiones, regulada mediante Ley 1819 de 2016, que creó el impuesto al carbono, y el Decreto 926 de 2017, reglamentario de los procedimientos y condiciones para la no causación del impuesto y certificación de carbono neutro.
¿Qué beneficios trae la implementación de estos mecanismos?
La ONU ha destacado que la reducción de GEI como consecuencia de la incorporación de la gestión contra el cambio climático en las agendas corporativas puede implicar ahorros significativos en los costos directos de las compañías y constituir una estrategia eficaz para la gestión del riesgo reputacional, especialmente en los sectores mencionados.
Cabe señalar que según el estudio de impactos económicos del cambio climático de 2014 (DNP y BID), no aunar esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio climático podría generar pérdidas en la economía nacional equivalentes al 0,94% del PIB anual durante las próximas décadas, de modo que el rol que asuma el sector privado será determinante no sólo para el cumplimiento de los compromisos internacionales del país, sino también para la sostenibilidad de sus actividades empresariales, a través de la reducción de las emisiones de GEI.
Tomado de asuntos legales
