Es necesario recuperar costos y no seguir deteriorando la cultura de pago que hemos construido con esfuerzo.
propósito del día del agua, destacamos que el sector de acueducto y alcantarillado ha sido fundamental para atender la crisis del Covid-19 por lo que hay que blindarlo.
Son muchas las medidas adoptadas, pero destaco las siguientes: la reconexión del suministro de agua a los hogares que no lo tenían por falta de pago, favoreciendo a más de un millón doscientas mil personas; alivios a usuarios para el pago de servicios o acuerdos en plazos y la provisión de agua a través de carrotanques y otros medios.
Como la emergencia lleva más de un año y continúa –quien sabe hasta cuándo– los operadores han tenido impactos no solo en la prestación actual, sino con efectos en el mediano y largo plazo.
Las empresas han asumido, hasta ahora, costos de reconexión y reinstalación del servicio y el diferimiento del pago de las facturas. Todo esto ha conllevado un aumento en la cartera y un ajuste las inversiones previstas, afectando flujos de caja.
El recaudo presenta disminuciones de hasta el 17% comparado con el 2019, dependiendo de las particularidades de cada empresa, las cuales son sólidas en su mayoría y han venido atendiendo los retos impuestos por la pandemia y las directrices del Gobierno, sin afectar el buen servicio a los usuarios.
Reiteramos que hay una afectación en el flujo de caja, porque muchas facturas que aparecen como cuentas por cobrar, no serán pagadas.
Los prestadores están acumulando activos de dudoso recaudo que impactarán negativamente la solidez financiera del sector, poniendo en riesgo su sostenibilidad.
Es importante recordar que la ley 142 de 1994 es clara sobre los instrumentos que tiene el Estado para el otorgamiento de subsidios y el criterio de suficiencia financiera para la recuperación de costos de los prestadores, para no poner en riesgo la prestación del servicio que al final termina afectando a las personas más vulnerables.
Así mismo, las empresas de acueducto, como las de otros servicios públicos, deben poder hacer uso de las herramientas dadas por la ley para su gestión comercial e incentivar el pago de las facturas.
La necesidad de proveer el agua para el lavado de manos no puede ser una justificación válida a rajatabla para no cortar y suspender el servicio en caso que el usuario no pague. Es necesario recuperar costos y no seguir deteriorando la cultura de pago que hemos construido con esfuerzo.
De continuar así, el Gobierno nacional deberá aportar los recursos para estos propósitos. De lo contrario, se pondrá en riesgo no solo la solidez del sector, sino las metas trazadas del país para alcanzar la universalidad de la prestación al 2030.
¡Cuidado! Si no se toman las medidas correctivas se cumplirá el refrán “Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”.
Camilo Sánchez
Presidente de Andesco.
camilo.sanchez@andesco.org.co
Tomado de Portafolio
