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Según el sexto Informe de Seguridad del Consejo Gremial Nacional, en el primer trimestre de 2025, los homicidios en el país aumentaron en un 2%. La ciudad con más casos es Cali, mientras que Guaviare y Tibú tienen las tasas más altas.
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El secuestro aumentó en un 22%. Los puntos críticos de este delito son Argelia (Cauca), Bogotá y Villavicencio.
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El reclutamiento forzado de menores creció en un 95%. 50 casos son atribuidos a disidencias de las FARC y ELN, según la JEP.
El Consejo Gremial Nacional presentó su sexto Informe de Seguridad 2025, que evidencia una preocupante alza en los delitos de mayor impacto en el país. Pese a reducciones en hurto y lesiones personales, los homicidios, el secuestro y el reclutamiento de menores registran aumentos significativos, lo que pone en evidencia desafíos que requieren atención urgente por parte del Gobierno Nacional.
Panorama delictivo: contrastes entre avances y retrocesos
Los homicidios crecieron en un 2 % durante el primer trimestre del año, alcanzando 3.244 casos. Cali es la ciudad con más hechos registrados, mientras que Guaviare y Tibú presentan las tasas más altas en relación con su población. Las masacres también aumentaron en un 6 %, con una concentración en el Catatumbo (Norte de Santander).
Por otro lado, el secuestro mostró un incremento del 22 %, pasando de 69 a 84 casos. Argelia (Cauca) se posiciona como el municipio con más reportes con un total de 18; seguido por Bogotá con 14 y Villavicencio con 9.
“Los resultados de este sexto informe reflejan una realidad dual: mientras algunos indicadores mejoran, otros alertan sobre un grave retroceso en materia de seguridad y protección de los derechos humanos. El aumento en homicidios, masacres, secuestros y el reclutamiento de menores no puede pasar desapercibido. Desde el Consejo Gremial Nacional invitamos al Gobierno Nacional a utilizar esta información técnica y objetiva como insumo para fortalecer sus políticas de seguridad. El país necesita respuestas integrales, coordinadas y con enfoque territorial”, indicó Camilo Sánchez Ortega, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Uno de los indicadores más alarmantes es el reclutamiento forzado de menores, que aumentó un 95 % con respecto al primer trimestre de 2024. Según la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP, las disidencias de las FARC y el ELN han sido responsables del reclutamiento de al menos 50 niños, niñas y adolescentes en lo que va corrido del 2025.
Aunque la extorsión presentó una leve reducción del 3 %, sigue siendo una amenaza persistente para la economía y la seguridad ciudadana, especialmente en Bogotá y Medellín. Asimismo, se registró el aumento en un 7% de casos de violencia intrafamiliar, siendo Bogotá la ciudad con más casos registrados con un total de 11.438. Por otro lado, los delitos cibernéticos también subieron un 0,8 %, con Valle del Cauca mostrando un incremento notable del 34 %.
Delitos en disminución: señales de avance en control urbano
El informe también señala una reducción del 30 % en lesiones personales, con Boyacá y Bogotá a la cabeza en esta mejora. El hurto a personas disminuyó un 13 %, sin embargo, en este delito Barranquilla registró aumentos. Entre tanto, el hurto a comercio cayó en un 56 %, con una mejora destacada en Bogotá, que redujo sus casos de 3.019 a 1.359.
Este informe, elaborado con rigor técnico y basado en datos oficiales, busca ser una herramienta clave para la toma de decisiones informadas. Su análisis integral de las dinámicas delictivas que se registran en el país permite identificar tendencias, priorizar territorios y diseñar respuestas más efectivas.
El Consejo Gremial Nacional reitera su compromiso con el bienestar de la ciudadanía y hace un llamado a que esta información sea utilizada para construir políticas públicas que protejan la vida, promuevan la legalidad y garanticen condiciones de seguridad para todos los colombianos.
Dada la trascendencia de este proyecto, instamos a las autoridades a garantizar que la consulta pública sea un ejercicio transparente, incluyente y respetuoso del marco legal vigente, asegurando un balance entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la Sabana de Bogotá.
