Congresista César Lorduy explica los reciente líos con Electricaribe que han afectado a la Costa.
Cesar Lorduy, congresista del partido Cambio Radical Foto: Archivo / EL TIEMPO
En 1998, producto de una oferta pública por capitalización que todavía cuestionan, las siete Electrificadoras del Caribe, que recibían apoyo técnico, administrativo y financiero de Corelca, terminaron en dos empresas: Electrocosta (Córdoba, Sucre y Bolívar) y Electricaribe, (Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira).
Esa operación incluyó los activos de transmisión de energía a cargo de Transelca, pero dejó por fuera los de generación; esta última decisión fue un gran error porque Electrocosta y Electricaribe, que en 2007 se fusionaron, nacieron sin la posibilidad de integrarse verticalmente con generación y transmisión, como sí lo tienen otros grupos empresariales del país.
Producto de esa fusión surgió Electricaribe que atiende a 2.741.000 clientes, que constituyen el 26 por ciento de la demanda nacional de energía eléctrica, con 56.409 kilómetros de red, 654 circuitos, 232 subestaciones y miles de transformadores, que en un 50 por ciento tienen más de 30 años, y por tanto han agotada su vida útil.
A la obsolescencia de estos equipos hay que sumarle la sobrecarga que sufren por una demanda de energía de casi el doble del promedio nacional. Por ejemplo, en agosto de 2018 el consumo de energía en el Caribe fue de 1.451 gigavatios y en el mismo mes en 2019 fue de 1.550.
Con esos equipos le brindan el servicio de energía eléctrica a 9.066.000 habitantes de 188 municipios que conforman los 7 departamentos costeños, de los cuales el 88,29% hacen parte de los estratos 1, 2 y 3.
Para atender su mercado Electricaribe debe comprar energía y en 2016, en medio de su crisis creciente, quedó evidenciado que no podía cumplir con este proceso fundamental, lo que ponía en riesgo la prestación del servicio. Por eso, en noviembre de ese año fue intervenida por el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos.
De allá para acá se ha hecho de todo por un servicio fundamental como este. Lo más sustancial es la firma de tres Conpes que sumados han permitido disponer de recursos por $ 1.375 millones, dineros que han sido invertidos en obras y otra parte ha permitido garantizar la compra de energía. Sin esos recursos del Gobierno Nacional Electricaribe se hubiera apagado.
El pasado gobierno también llevó a cabo un proceso para escoger un nuevo operador, pero se presentó un solo proponente y no fue viable escogerlo; luego, el gobierno del presidente Iván Duque, inició un nuevo proceso acompañado de una estrategia que incluyó una ingeniería legal de soporte, que al final se reflejó en 8 artículos que hacen parte de su Plan Nacional Desarrollo.
Sudor, lágrimas y hasta opiniones partidistas en contra nos costó sumarnos a la aprobación de ese Plan. Hubo censuras, señalamientos y hasta aspiraciones de dignidades perdidas, pero todo ello insignificante ante el gran reto de contribuir a la solución del servicio de energía para la Región Caribe, mas no de Electricaribe como empresa.
Hubo censuras, señalamientos y hasta aspiraciones de dignidades perdidas, pero todo ello insignificante ante el gran reto de contribuir a la solución del servicio de energía para la Región Caribe
Así nos convertimos en aliados del gobierno en ese propósito, en especial en la búsqueda de un nuevo operador y de recursos para que el servicio de energía no se apague en la Costa. Además, nos sentimos orgullosos de haber apoyado la constitución de un Fondo Pensional, en favor de quienes tienen todo el derecho de continuar recibiendo su mesada como jubilados, y de haber defendido la continuidad de quienes laboran en esta empresa, independiente del nuevo operador que sea escogido.
A pocos meses de que termine el proceso en el que 6 empresas han mostrado su interés en este servicio, que requiere para su mejoría una inversión cercana a los 9 billones de pesos, quienes votaron en contra de todo lo anterior en el Congreso comenzaron a ponerles palos a la rueda.
Claro que mucho más sorpresiva ha sido la oposición del Defensor del Pueblo, Carlos Negret, a quien se le olvidaron dos cosas en su demanda contra el plan de salvamento de un servicio público esencial: el Artículo 356 de la Constitución y que el Caribe hace parte de su jurisdicción territorial.
Lo que no se le ha olvidado al Defensor, y eso hay que reconocerlo, es su permanente lucha a favor de los hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia, a los que pronto se les podrá otorgar la nacionalidad. Tal parece que a los habitantes del Caribe nos va a tocar declararnos venezolanos para ser objeto de su protección.
Tal parece que a los habitantes del Caribe nos va a tocar declararnos venezolanos para ser objeto de su protección.
Mientras llega su consideración, él que sigue metido hoy en su laberinto, de incisos y artículos, sentado en una cómoda silla bogotana, sin vivir el infierno de la Región Caribe, puede, fácilmente, lograr que el servicio de energía se apague por falta de garantías para la compra de energía y que a futuro no haya responsables de las mesadas pensionales de miles de familias.
Apagar el Caribe fue lo que no logró Gas Fenosa, propietaria de Electricaribe, multinacional que reclama US$ 1.660 millones por no habérsele permitido tan grave daño a 7 departamentos. Hoy, con su demanda, el Defensor del Pueblo, y los amigos que lo apoyan, pueden dejar a oscuras a toda una región: de prosperar esa acción, el servicio de energía del Caribe quedará en un laberinto.
CÉSAR LORDUY MALDONADO
*Representante a la Cámara por el Atlántico
Tomado de El Tiempo
