Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Hemos dicho que cesó la horrible noche para la gran mayoría de los colombianos. Infortunadamente, quedan daños colaterales que hay que atender y corregir como el caso del servicio público de aseo, sometido desde hace cuatro años a presiones ideológicas y politiqueras, procurando bajar tarifas sin sustento técnico.
Su propósito era volver a tener una prestación exclusivamente estatal, desconociendo los importantes avances logrados y asfixiando financieramente a los prestadores para motivar la intervención de la Superservicios para apoderarse del sector.
El colmo del anterior Gobierno fue nombrar como ministro ad hoc al ministro de Minas y Energía el 30 de julio, para que en 24 horas, desconociendo la temática a profundidad y dejando de lado recusaciones previas, expidiera, como presidente de la CRA, la resolución 1040 que define la metodología tarifaria para los prestadores que atienden a más de 5.000 usuarios, correspondiente a más de 36 millones de ciudadanos en 232 municipios. Esta resolución define el precio para las diferentes actividades del servicio de aseo y las complementarias de disposición final, tratamiento y aprovechamiento, comúnmente conocida como reciclaje.
Contiene ajustes y modificaciones estructurales que en un 60% son disposiciones nuevas que nunca fueron discutidas. Los precios aprobados reducen en más del 21% el valor actual, sin soportes y contradicciones en los análisis realizados.
Perlas como la jornada laboral de más horas que la vigente, vehículos y equipos valorados con cuantías menores de las que se consiguen en el mercado y con vidas útiles irreales, son reflejo del estudio sin rigor. Y, por el contrario, en cuanto al aprovechamiento incrementa el precio de la actividad para el usuario hasta 4 veces, premiando la disposición y castigando la separación de los residuos: toda una incoherencia ambiental.
Lo anterior sin participación efectiva, ni acceso a la información de los agentes, empresas, asociaciones de recicladores, entre otros, con tiempos exprés y sin análisis exhaustivo de las recomendaciones de la SIC e ignorando instrucciones de la Corte Constitucional, entre otros vicios de forma y fondo.
Pretendieron acabar las empresas, poniendo en riesgo su suficiencia financiera, generando pérdidas de empleos y afectando el servicio. La buena noticia es que estamos a tiempo de corregir este desastre, ya que el marco tarifario empezará a regir el 1 de enero de 2027.
En el Ministerio de Vivienda hay nuevos funcionarios técnicos con experiencia y estamos seguros que después del análisis se procederá a las acciones pertinentes para su derogatoria, reiniciando el proceso y evitando el efecto chuchuchú, que fue el modus operandi del Gobierno anterior para destruir sectores.
Hoy está en juego una prestación fundamental para los usuarios, por lo que es necesario seguir consolidando un servicio de aseo moderno y con usuarios racionales para impulsar la economía circular.
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