Dejar atrás la mala historia de Electricaribe no solo exige que la nueva estrategia del Gobierno sea exitosa, sino que cada cual haga su parte.
Una luz de esperanza se volvió a encender para la Costa Atlántica, con el lanzamiento de la nueva estrategia para garantizarle un buen servicio de energía a más de diez millones de usuarios. Si todo sale bien, en octubre se tendrán definidos los nombres de los consorcios o compañías individuales que reciban los activos de Electricaribe y comiencen un plan de recuperación que debe venir acompañado de cuantiosas inversiones.
La estrategia planteada esta semana, difiere de manera sustancial frente a la que intentó infructuosamente el gobierno anterior. Para comenzar, se eliminarán las contingencias y los principales pasivos, más allá de los correspondientes al giro usual del negocio. Ello implica, por ejemplo, que la Nación asumirá el pago de las obligaciones laborales por 1,2 billones de pesos o que el sistema financiero se resigne a la posibilidad de perder los recursos que, en su momento, le prestó a la compañía, cuya intervención se decretó a finales del 2016.
No menos novedosa es la decisión de dividir la torta en dos porciones: en la primera –que recibe el nombre de CaribeSol– están los clientes ubicados en La Guajira, Magdalena y Atlántico, que ascienden a 1,21 millones entre unidades residenciales, comerciales y públicas. Estos departamentos albergan 9.816 kilómetros de redes y sus ventas en gigavatios hora, por año, ascienden a 6.016. La joya de la corona, en tamaño del mercado, es Barranquilla.
La segunda fue bautizada como CaribeMar y ocupa un área más extensa integrada por Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba. En este caso, los clientes son 1,51 millones, el consumo es parecido al del primer grupo, pero la red es de 27.835 kilómetros. Aquí el componente más atractivo, desde el punto de vista de la demanda, es Cartagena, por su población y su proyección turística e industrial.
El motivo de partir la naranja en dos mitades es ampliar el grupo de posibles postulantes. Dada la cantidad de problemas operativos de la Electricaribe original y el monto de inversiones requerido para ponerla a tono con los estándares de calidad que se ven en otras partes del país, hubo firmas que prefirieron abstenerse de asumir un riesgo tan grande. Ahora, el esfuerzo sería más reducido, aunque existe la opción de que alguien se quede con todo.
No obstante, eso solo se sabrá al final de las subastas que estarán separadas tan solo por un lapso de diez días. La idea de no hacer todo al tiempo es que si un interesado pierde en la primera oportunidad y no logra quedarse con la zona que le atrae, pueda optar por pujar en la segunda.
Superar el filtro para llegar a la etapa final no es fácil. El futuro operador debe acreditar el manejo de al menos 600.000 usuarios y un patrimonio de 500 millones de dólares. Ello quiere decir que muy posiblemente se conformen grupos que incluyan a compañías nacionales o extranjeras, aunque hay multinacionales que por sí solas cumplen con los requisitos.
Absolutamente, clave es la seriedad con respecto a varios compromisos. Reducir los índices de cartera morosa pasa por bajar los cortes de luz, que son explicados por el bajo mantenimiento que se le ha dado a la red. Combatir el robo de electricidad obliga igualmente a la instalación de medidores de última generación y sistemas de monitoreo más efectivos.
Por otra parte, es fundamental que las autoridades locales den ejemplo, pagando facturas a tiempo y desatrasándose en obligaciones vencidas. Volver a las prácticas usuales, haría que el esquema fracase.
En conclusión, aquí se debe aplicar el conocido ‘todos ponen’. Solo así será posible salir de este túnel oscuro que es una enorme amenaza para las finanzas públicas y los habitantes de la costa Atlántica. La intención es que a la novela de Electricaribe se le puede poner, de una vez por todas, el punto final.
