- Banco Mundial, BID, autoridades ambientales y prestadores plantearon que la seguridad hídrica requiere combinar infraestructura con instituciones sólidas, protección de ecosistemas, información oportuna y nuevas fuentes de financiación.
- El Gobierno propuso avanzar hacia una política de Estado para el agua y estructurar un Plan Nacional de plantas de tratamiento de aguas residuales; según la viceministra de Agua, Colombia aún no llega al 50 % de tratamiento.
Proteger las fuentes de agua, anticiparse a los eventos climáticos, movilizar nuevas inversiones y acelerar el tratamiento de las aguas residuales fueron algunos de los principales retos planteados durante la agenda de agua y saneamiento del segundo día del 28 Congreso Andesco.
Representantes de organismos multilaterales, autoridades ambientales, Gobierno y empresas prestadoras coincidieron en que la seguridad hídrica requiere mirar el ciclo completo del agua: desde los páramos, nacimientos y cuencas que garantizan el abastecimiento hasta la prestación, el saneamiento y el aprovechamiento de los recursos derivados del tratamiento.
Más inversión y mejores instituciones
Winston Yu, gerente de Práctica del Agua para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, presentó Water Forward, una iniciativa que reúne bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras, fundaciones y aliados de conocimiento con el objetivo de contribuir a alcanzar a 1.000 millones de personas hacia 2030.
La apuesta incluye agua potable y saneamiento, pero también agua para producción de alimentos, ecosistemas y resiliencia. Yu señaló que el reto no consiste únicamente en contar con más recursos, sino en utilizarlos mejor y aprovechar la financiación pública para movilizar capital adicional.
Germán Sturzenegger, jefe de la División de Agua, Saneamiento y Residuos del BID, sostuvo que la financiación por sí sola no resolverá las brechas.
“Raramente en nuestro sector los problemas son de infraestructuras. Son más de software que de hardware”, afirmó.
Según explicó, el sector requiere instituciones, reglas e incentivos que permitan ejecutar y sostener las inversiones, junto con prestadores capaces de acceder a financiación. En ese propósito, destacó instrumentos como préstamos, garantías y mecanismos para responder a eventos climáticos.
La seguridad hídrica empieza en los ecosistemas
La protección de las fuentes ocupó un lugar central en las conversaciones. Alfred Ballesteros, director general de la CAR Cundinamarca, llamó a ampliar la visión tradicional de infraestructura.
“La seguridad hídrica no empieza en el tubo; la seguridad hídrica empieza en los ecosistemas”, afirmó.
Ballesteros planteó incorporar inversiones en microcuencas abastecedoras, páramos, restauración y gobernanza ambiental.
Gustavo Guerrero, viceministro de Política y Normalización Ambiental, coincidió en que la garantía del servicio comienza antes de la bocatoma o la planta de tratamiento y sostuvo que páramos, nacimientos y cuencas deben ser reconocidos como parte de la infraestructura que asegura la oferta hídrica.
“Todo no empieza en la bocatoma, todo no empieza en la planta de tratamiento”, señaló.
El viceministro planteó que esta infraestructura natural requiere inversión y mecanismos financieros para su conservación, además de una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la gestión del recurso.
De reaccionar a planear
La necesidad de anticipación también atravesó la agenda. Andrés Herkrath, director general del IDEAM, explicó que la información climática e hidrológica debe utilizarse para gestionar el riesgo antes de que aparezca una emergencia y convertirse en decisiones oportunas para sectores como abastecimiento, agricultura, energía y salud.
Herkrath destacó además la importancia de profundizar la cooperación con las empresas para fortalecer las capacidades de observación y procesamiento de información. Según indicó, el IDEAM cuenta con alrededor de 2.500 estaciones en el país, una cobertura que todavía resulta insuficiente en algunas regiones.
Desde la experiencia de México, Víctor Manuel Báez, vicepresidente del Consejo Directivo de ANEAS, insistió en abandonar una lógica predominantemente reactiva.
“Tenemos que cambiar de la lógica de reacción a la lógica de planeación de la seguridad hídrica”, afirmó.
Báez propuso horizontes de planeación de entre 20 y 30 años, acompañados de mayor medición de fuentes y redes, reducción de pérdidas, eficiencia operacional y cultura ciudadana.
Una política de Estado para el agua y el saneamiento
Mónica Paola Saldarriaga, viceministra de Agua Potable y Saneamiento, planteó que el agua debe entenderse como una política de Estado que articule seguridad hídrica, salud pública, desarrollo y ordenamiento territorial.
El enfoque debe comprender abastecimiento, distribución, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, reconociendo al mismo tiempo las diferencias territoriales y las brechas entre zonas urbanas y rurales.
La viceministra propuso además cambiar la forma en que se miden los resultados: no solo contabilizar recursos u obras contratadas, sino resultados efectivos como la reducción de la carga contaminante.
En ese contexto planteó avanzar hacia un Plan Nacional de plantas de tratamiento de aguas residuales, articulado con la planeación nacional.
“Colombia no llega ni al 50 % de tratamiento en agua residual”, señaló Saldarriaga.
La propuesta incluye también reúso de aguas residuales, aprovechamiento de biosólidos y la evolución hacia biofactorías capaces de recuperar recursos y generar energía.
La prevención también deberá extenderse a la vigilancia de los prestadores. María Stella Garzón, superintendente delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, explicó que la Superintendencia busca profundizar un modelo de supervisión preventivo y basado en riesgos, utilizando la información del Sistema Único de Información para identificar dificultades antes de que se comprometa el servicio.
“No podemos seguir llegando cuando ya la empresa no se puede levantar financiera, administrativa o técnicamente”, señaló.
Del saneamiento al aprovechamiento de nuevos recursos
Desde las empresas, Santiago Ochoa, coordinador de la Cámara de Acueducto de Andesco y vicepresidente corporativo de Regulación Agua y Saneamiento de EPM, llamó a acelerar decisiones sobre asuntos que llevan años en discusión, entre ellos las tasas retributivas, el manejo de biosólidos y el reúso de aguas residuales.
La agenda también mostró cómo el saneamiento puede conectarse cada vez más con la economía circular. Las propuestas de avanzar hacia biofactorías, recuperar biosólidos y producir energía se sumaron al lanzamiento del Comité Estratégico de Biogás y Biometano de Andesco.
El nuevo espacio articulará las cámaras de energía y gas natural, acueducto y alcantarillado, aseo y gestión de residuos, y ambiental y sostenibilidad, para promover proyectos e identificar barreras técnicas, regulatorias, comerciales y financieras para el desarrollo del biogás y el biometano en Colombia.
De esta manera, la agenda sectorial dejó una hoja de ruta que conecta protección de cuencas, planeación, financiación, saneamiento y aprovechamiento de recursos como componentes de un mismo desafío: avanzar en la seguridad hídrica y cerrar las brechas de acceso y tratamiento en el país.
