Recientemente, hemos visto protestas y hasta quema de facturas por parte de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Recientemente, hemos visto protestas y hasta quema de facturas por parte de los usuarios de los servicios de acueducto y alcantarillado, por el incremento que han visto en la factura. Tal es el caso de municipios en Huila, Cundinamarca, Valle, Caldas, entre otros. No han sido más porque la mayoría de prestadores no cumplió con la aplicación de la nueva metodología tarifaria expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA), por miedo a tener los problemas de los que sí lo hicieron.
Los alcaldes y los gerentes de las empresas han dicho –en su defensa– que esta situación ha sido ajena a su voluntad y que solo están cumpliendo lo que se les exige.
La Resolución CRA 825 de 2017, contiene la metodología para el cálculo de las tarifas que deben aplicar los prestadores de acueducto y alcantarillado que atienden hasta 5.000 suscriptores, la cual debía ser aplicada a más tardar el pasado primero de enero del 2019. Antes de la aplicación de la norma, las empresas no garantizaban cubrir los costos asociados a la prestación del servicio; con la nueva metodología, la CRA busca fortalecer la suficiencia financiera de estas, estableciendo un precio mínimo que cubra todos sus costos de una manera eficiente, continuando con el esquema de aplicación de subsidios a los estratos 1, 2 y 3.
Cabe resaltar que las condiciones sociales y económicas de la población atendida por estos prestadores, son muy distintas a las presentadas en los grandes centros poblados. En este segmento del mercado, aunque hay empresas con tarifas cercanas a las obtenidas con la nueva metodología, existen muchas más con un rezago tarifario que impone incrementos superiores al 100 por ciento. Dado lo anterior, la regulación debe construirse sobre un ambiente de confianza en sus regulados y entender las particularidades de la población. De lo contrario, estará el país abocado a un sinnúmero de paros que conllevan a pérdidas de gobernabilidad y estabilidad económica muy peligrosas en este momento, saliendo más caro el collar que el perro.
Por esto, pedimos que se presenten alternativas, que revisemos con el Gobierno Nacional y regional cómo podemos redistribuir los subsidios y focalizarlos donde realmente se necesitan. Así, creemos adecuada la decisión de la CRA de contemplar la progresividad en la aplicación del marco de pequeños prestadores, pero para que la medida verdaderamente tenga un impacto positivo, se debe permitir el ajuste en cada periodo de facturación y fijar un nivel al que se debe llegar al final de cada semestre. También es importante que el periodo de progresividad no sea inferior a tres años, teniendo en cuenta la capacidad de pago de la población y la realidad frente a su costo de vida. Dicha transición debe ir acompañada de un esfuerzo por parte de los prestadores por garantizar mejores condiciones en el suministro de los servicios en términos de continuidad y calidad para que los usuarios se motiven más.
Es claro que debemos ser serios en la normatividad tarifaria para que el servicio sea sostenible y de buena calidad, pero sin olvidar que es necesario la concertación en donde todos ponen todos ganan.
