En esta época de aislamiento nos hemos visto obligados a repensar la manera de hacer las cosas. En asuntos que creíamos imposibles, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nos acercaron desde la virtualidad (así sea parcialmente) a otros escenarios en ámbitos de educación, telemedicina, trámites ante el Estado, eventos masivos y liderazgo de empresas, entre otros.
El sector ambiental no ha sido la excepción y a nivel de Gobierno se conserva un diálogo con las autoridades responsables, sin embargo el “doble click” debe conducir a una reflexión profunda sobre este sector, en su relación con procesos que involucran organizaciones comunitarias y con el futuro de las reuniones para llevar a buen término la implementación de proyectos; existe la duda de que con la virtualidad se vulneren los derechos de participación ciudadana como lo han advertido la Procuraduría y algunos operadores judiciales. Es natural que cuando hay una nueva tecnología, exista el rechazo por el desplazamiento de lo que se venía haciendo anteriormente.
Miremos la historia, cuando solo había comunicaciones con los mensajeros, palomas o señales de humo, se creía que esto era suficiente, luego, vinieron telégrafo, teléfono, radio, televisión e internet y seguimos sorprendiéndonos con lo nuevo que llega.
Las TIC han conectado al mundo y hay una penetración casi universal; hay que disipar el temor, articular y complementar las diferentes alternativas para lograr lo esencial: la participación informada en el desarrollo de proyectos de interés regionales y de país con el acompañamiento de los entes de control, para asegurarnos que no se vulnere ningún derecho fundamental.
La “nueva normalidad” requiere establecer reglas claras para que los mecanismos de participación puedan llevarse a cabo, siguiendo los protocolos de bioseguridad que garanticen tal derecho y por eso preocupan las señales contradictorias que se dan sobre este tema; es claro que avanzar en estos mecanismos es fundamental para el desarrollo de proyectos clave para la reactivación económica. Sin embargo, también es necesario contar con seguridad jurídica para no afectar la confiabilidad en procesos de participación y el respeto por los acuerdos.
Sinérgicamente donde haya dificultades de conexión, los operadores TIC pueden facilitar –con las obligaciones de hacer– el apoyo de los desarrolladores de proyectos, las entidades territoriales y el Gobierno Nacional, las condiciones para realizar ejercicios de participación semipresenciales. Por supuesto, también tiene que darse la capacitación para el uso de los programas y el manejo de los aparatos. Ojo, no es un tema solo de tecnología, es esta variable en comunión con procesos sociales.
No debemos juzgar a priori que con las TIC se vulnera el derecho a la participación y que será un cónclave entre pocos, porque en la medida en que haya buena planeación, convocatoria, actas y seguimiento, de seguro se logrará una presencia mayor, más transparencia y control.
Es la oportunidad para dar otro paso en la dirección de la democratización y descentralización. Los mecanismos de participación deben ser efectivos y no una formalidad. ¡A conectarnos de manera masiva e incluyente! La nueva normalidad lo exige. No es opcional.
Camilo Sánchez Ortega
Presidente de Andesco.
Tomado de Portafolio
