Colombia necesita un diálogo serio, técnico y respetuoso que realmente ponga en el centro a los colombianos y no sacrifique la estabilidad jurídica que garantiza el abastecimiento energético para todos

Los gremios del sector energético colombiano que hacen parte del Comité Intergremial conformado por ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS, SER COLOMBIA y ACP, rechazamos contundentemente los señalamientos provenientes del Gobierno Nacional en contra de las empresas del sector, y hacemos un llamado respetuoso a atender la crisis actual con rigor técnico y atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país. Es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema.

La estabilidad del sector eléctrico colombiano se sustenta en un modelo institucional técnico y robusto con total apego a la Constitución, que ha garantizado, por más de 30 años, que millones de colombianos puedan acceder a servicios públicos que, como es el caso de la energía eléctrica, cuyo suministro ha sido permanente y con mejor calidad en las últimas décadas. Hoy, nuevamente lamentamos que afirmaciones imprecisas se genere desconfianza y busque afectar a las empresas del sector y a los más de 15 millones de hogares colombianos, comercios e industrias que dependen de este servicio esencial. Por ello nos permitimos aclarar:

1. Las tarifas son legales, constitucionales y se basan en la regulación vigente.
   La llamada “nueva fórmula tarifaria”, que realmente es una modificación al mecanismo de confiabilidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos. Intervenir los mercados para cambiar las tarifas actuales por decreto pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, genera riesgos económicos desproporcionados y podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia.

   Es importante tener en cuenta que el análisis y establecimiento de nuevas fórmulas tarifarias debe ser integral y estructural, ya que continuar intentando realizar ajustes puntuales como el establecido y como otros propuestos suponen el riesgo de no lograr los objetivos deseados y contrario a lo deseado, perjudicar no solo a usuarios, sino a empresas y al país. Es clave fortalecer los canales de comunicación para que las medidas sean analizadas legal y técnicamente.

2. Los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, y no representan ganancias injustificadas.
   Se basan en la dinámica entre oferta y demanda, que opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema. En épocas períodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo.

   La estrechez entre la oferta de energía firme y la creciente demanda genera presión en las tarifas, lo cual debe solucionarse con el ingreso de mayor oferta y la eliminación de las barreras que están impidiendo que proyectos de generación y transmisión entren oportunamente. Insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5% rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos.

   Además, reiteramos que, para incentivar un mayor nivel de contratación, es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria. Estos pagos permitirán a las comercializadoras contar con los recursos necesarios para firmar contratos de largo plazo, los cuales a su vez viabilizan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables. Todo esto se traduce en beneficios directos para los usuarios, al garantizar tarifas más eficientes y estables.

3. El respeto por la institucionalidad del sector es fundamental para asegurar las inversiones necesarias que permitan mejorar y expandir el servicio.
   Los comisionados de la CREG son servidores públicos nombrados por el Gobierno Nacional con funciones de carácter técnico, cuya independencia es clave para preservar la gobernanza del sistema energético, por tanto, desconocer este principio genera incertidumbre, debilita la confianza y pone en riesgo inversiones y el desarrollo de proyectos. Colombia necesita, en el mejor de los casos, 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos tres años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema. Las empresas del sector –públicas, privadas y mixtas– son fundamentales para el abastecimiento de electricidad en el país, convertirlas en instrumento de controversia política perjudicará a los usuarios como ya ocurrió en el pasado.

4. Las empresas están garantizando el servicio.
   Las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energía han garantizado el abastecimiento de la energía para todo el país a pesar de enfrentar señales adversas y presiones financieras crecientes. Su compromiso ha sido para mantener la confiabilidad del sistema y asegurar el acceso de los colombianos a este servicio.

   En 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de $7 billones en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria, y deudas por parte de entidades oficiales, entre otros, situación que compromete seriamente su sostenibilidad financiera; a pesar de ello, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta ahora, protegiendo a los usuarios más vulnerables. En el caso de Air-e, actualmente intervenida, mantiene deudas con otros agentes por más de $1 billón, lo que pone en riesgo el suministro de energía como en el caso de plantas térmicas que deben prepagar el insumo para generar. Es prioritario realizar los pagos totales de los valores adeudados y concretar mecanismos para viabilizar la operación de Air-e.

5. El gas natural juega un rol clave para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de escasez hídrica.
   Su disponibilidad suficiente y oportuna permite complementar otras fuentes, garantizar la generación térmica y asegurar el suministro continuo a hogares, industrias y comercios bajo criterios de calidad y competitividad. Proteger, fortalecer e incentivar la oferta de gas natural y su cadena de abastecimiento es esencial para la seguridad energética del país.

6. La transición energética requiere planeación, no se puede hacer con improvisación.
   Los paneles solares en hogares son una alternativa, sin embargo, no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados. El programa Colombia Solar no puede financiarse con deuda pública sin planificación, esto va en contravía del principio de eficiencia del gasto público, y tampoco debe desfinanciar el presupuesto del fondo de solidaridad para financiar los subsidios.

Finalmente, reiteramos nuestra disposición para aunar esfuerzos y trabajar en beneficio de todos los colombianos, en un marco de respeto y diálogo constructivo. Colombia necesita visión técnica y trabajo conjunto para avanzar hacia una transición energética justa, sostenible y viable para todos. Desde los gremios del sector reafirmamos nuestro compromiso con este propósito y con aportar soluciones que fortalezcan el sistema energético nacional y el bienestar de los colombianos.