Este año Electricaribe sigue teniendo limitaciones de caja que han frenado las inversiones en las redes.
Foto: Vanexa Romero. Archivo EL TIEMPO
Van tres encuentros para buscar alternativas a demanda por US $1.626 millones.
Tres reuniones han tenido este año directivos de la firma Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para explorar un acuerdo en torno a la millonaria demanda en curso por la intervención a Electricaribe, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios determinó en el 2016.
En ese pleito, que avanza en un tribunal de arbitramento, la firma española le exige al Estado 1.626 millones de dólares, que es el monto en el que estiman su afectación económica por la intervención de Electricaribe, motivada por las grandes fallas en la prestación del servicio de energía para millones de personas en la Costa Atlántica.
Naturgy asegura que fue víctima de una expropiación y por eso demandó a Colombia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad del Banco Mundial.
Por su parte, el Estado contrademandó por un monto aún indefinido, sustentado en el amplio historial de fallas en servicio y cobertura atribuibles al operador.
El pleito tendría una audiencia de fondo en diciembre próximo. Sin embargo, hace algunos meses ejecutivos de la firma Naturgy empezaron a buscar acercamientos y en febrero de este año, según le confirmó a EL TIEMPO el director de la Agencia, Camilo Gómez, se realizó una primera reunión, cuyos términos son mantenidos en estricta confidencialidad. Desde entonces se han realizado otras dos citas para seguir explorando posibilidades y ya está acordada un cuarto encuentro, para después de Semana Santa.
EL TIEMPO conoció que fue Naturgy la que se acercó a Colombia pidiendo sentarse a conversar y explorar la posibilidad de arreglar el conflicto fuera de los tribunales de arbitramento, que en todo caso tienen un costo de varios millones de dólares para las partes.
La Superservicios tuvo que asumir la operación de Electricaribe tras numerosas fallas en la prestación del servicio, y ha invertido dinero en ampliación de cobertura y mantenimientos que, en teoría, debían haber sido realizados por los españoles.
Actualmente, el asunto de Electricaribe sigue siendo una ‘papa caliente’ e incluso en el Plan de Desarrollo se aprobó una sobretasa en la facturación de energía para los estratos 4, 5 y 6 que busca financiar la prestación del servicio en la Costa Atlántica.
Además, aún no se ha encontrado un nuevo operador o inversionista para asumir la prestación del servicio en la región, y hace algunos días se conoció que hay un nuevo proceso de búsqueda de uno o varios inversionistas-operadores, pero la salida para la crisis de la empresa, que hoy pierde el 25 por ciento de la energía que compra por factores como fallas técnicas, fraude y conexiones ilegales, saldrá más cara de lo previsto. Las inversiones que se requerirán ya no sumarán 7,3 billones de pesos como se había estimado, sino 8,7 billones de pesos en un lapso de 10 años.
JUSTICIA
*Con información de Economía y Negocios
Tomado de El Tiempo
