Camilo Sánchez, presidente de Andesco
Tomado de Portafolio
Querer cambiar las cosas sin conocer el entorno jurídico y su resultado es irresponsable y peligroso. Esto acabó de suceder con la modificación del Decreto 596 de 2016 por parte del MinVivienda, lo que afectó el esquema de la actividad de aprovechamiento en el servicio de aseo y la gradual formalización de las organizaciones que realizan esta labor.
Respaldamos hacer ajustes de manera técnica y concertada, porque la normativa actual genera incentivos perversos y no se ha logrado una mayor inclusión y bienestar para las personas dedicadas a esta actividad, pero esta modificación no cambiará el panorama.
Sorprendió la rapidez con que se expidió el Decreto 1381 del 14 de noviembre de 2024, que desconoció cientos de observaciones remitidas oportunamente, donde incluso los mismos representantes de las organizaciones de recicladores de oficio expusieron la inconveniencia del articulado. Este nuevo Decreto propone reiniciar las etapas de formalización y alterar las condiciones técnicas de la actividad, sin tener en cuenta el esfuerzo de más del 50% de las organizaciones que han avanzado en estos propósitos y cumplen con mejoras y requisitos técnicos para la prestación.
Llama la atención la decisión de otorgar una exclusividad de 15 años para que las organizaciones de recicladores de oficio sean las únicas que puedan desarrollar la actividad de aprovechamiento, contraviniendo disposiciones de los artículos 333, 365 a 370 de la Constitución como la libre competencia, la libertad de empresa y su limitación exclusiva mediante la ley, así como lo establecido en la Ley 142 frente a los principios de eficiencia y competencia. Justificar esta decisión en las medidas afirmativas que estableció la Corte Constitucional en el Auto 275 es una interpretación sesgada, porque la misma Corte señaló que la intención de formalización gradual de las organizaciones atiende al deseo de que éstas puedan participar en condiciones de igualdad, sin discriminar ni minimizar a la población recicladora.
Nuevamente están obrando ideológicamente, pero sin técnica ni consensos para la construcción colectiva, evadiendo el obligatorio análisis del impacto normativo como lo exigen las disposiciones vigentes.
Volveremos a situaciones indeseables al promover la informalidad que tanto hemos combatido, con el agravante de generar exclusiones que son inconstitucionales e imposibles de aplicar porque no hay un único actor en todo el proceso, lo que generará demandas al Decreto, dejando en el limbo y sin rumbo a este sector.
Siempre habrá espacio para la mejora, pero debemos evitar que malas decisiones perjudiquen a los recicladores, porque con este Decreto no se ayudará a esta población y sólo se beneficiará a unos pocos. Que no sea peor la cura que la enfermedad.
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